Casinos, loterías, bingos e impuestos // Manuel Alfredo Rodriguez

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) es la autoridad competente para fiscalizar las actividades relacionadas con las casas de bingo, casinos, loterías y el pago de impuestos en Venezuela. Las empresas que exploten ese objeto social están obligadas a formalizar su registro en la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingos y Traganíqueles; además, deben estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones formales y el pago de las multas e impuestos recaídos en períodos fiscales de los años 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 y 2005, respectivamente.

Las casas de envite y azar o casas de juego dedicadas al bingo o casinos, en general, están sometidas a leyes especiales que las comprometen al pago de impuestos y, en caso de generarse un reparo administrativo, lo procedente en derecho es pagar primero y luego ejercer los recursos administrativos correspondientes (solve et repete). Los abogados en Venezuela dedicados a esta área del derecho tributario y fiscal se inclinan por resaltar la reciente jurisprudencia existente en nuestro país al momento de formalizar los reclamos respectivos.

Son más los casinos y bingos que funcionan de manera ilegal que los constituidos en forma legítima y atendiendo las normas. Así lo evidencian los medios de comunicación al reseñar los decomisos de máquinas y tarjetas electrónicas que al parecer operan en fragante violación a la ley. Otras empresas presentan el problema de tener sus documentos vencidos y no han procedido a solicitar su renovación ante la autoridad competente. Éstas mal podrían ejercer recursos administrativos o apelaciones por cobros indebidos de multas o reparos, por funcionar al margen de la ley. En la actualidad existen varias casas de bingo o casinos licenciatarias legales que están en plena actividad en virtud a un amparo constitucional emitido por el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2003 que ha permitido hasta la fecha, solventar de manera parcial dicha situación de conflicto entre el Estado y los particulares.

En nuestro carácter de abogados litigantes en asuntos relacionados con casas de bingo, casinos o traganíqueles, hemos notado que el inconveniente con mayor índice de recurrencia es que en los últimos meses se ha registrado el cierre de estas empresas sin procedimientos administrativos previos, lo que viola varios derechos y garantías de orden constitucional. Estos procesos administrativos vienen acompañados de medidas como allanamientos, con el decomiso de bienes e incluso, las detenciones de trabajadores. Cuando se violan los derechos y garantías constitucionales del ciudadano, es imperioso el ejercicio de las acciones legales para restablecer la situación jurídica infringida.

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Abogado y Profesor UCV, UCAB y USM.