Multas y reparos impuestos por las alcaldías // Manuel Alfredo Rodriguez

Como abogados en ejercicio en Venezuela, nos correspondió proteger los derechos de una compañía víctima de un reparo y una multa impuesta por la Alcaldía. Todo se inició por la fiscalización de los funcionarios de la Alcaldía la cual emitió una Resolución por concepto de reparo y multa. El reparo es por la venta de un inmueble efectuada por la compañía y que la Alcaldía pretende gravar con el impuesto de Patente de Industria y Comercio.

Conforme a Derecho, la Resolución fue notificada a la víctima y a partir de allí comenzó a correr el lapso para que ésta ejerza los recursos previstos en el Código Orgánico Tributario y en la Ordenanza de Industria y Comercio del Municipio. Dentro del lapso intentamos, ante el Tribunal competente en lo Contencioso Tributario, el Recurso Contencioso Tributario contra la Resolución de reparo y multa dictada por la Alcaldía por gravar con la Patente de Industria y Comercio los ingresos brutos obtenidos por la venta del inmueble de nuestra representada.

Por su parte, la Alcaldía demandó el pago del impuesto alegando que es una deuda de plazo vencido: el tribunal decretó el embargo. Contra esto, solicitamos que se suspendiera el embargo, y el Tribunal Contencioso Tributario aprobó la petición. No obstante, dado que la Alcaldía insistió en hacer practicar el embargo, nos vimos obligados a interponer acción de Amparo Constitucional por considerar que la Alcaldía violentó el Derecho de la Defensa y al Debido Proceso. Días más tarde, el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario declaró Con Lugar la acción de Amparo Constitucional solicitada por nuestra defendida, la compañía víctima del reparo y la multa. Este Tribunal ordenó a la Alcaldía abstenerse de su pretensión de ejecutar el embargo aprobado por el referido Tribunal de Primera Instancia.

Concluimos que en Venezuela es posible, en atención al régimen legal vigente, suspender los efectos del pago de una multa y el reparo emitido por una Alcaldía en perjuicio de la empresa. Nótese que la compañía multada no pagó la sanción impuesta por la Alcaldía. La compañía no paralizó sus actividades comerciales por el hecho de la multa y el reparo. En un dictamen evacuado al solicitarnos segunda opinión legal, en otra empresa víctima de un reparo, sostuvimos que esta otra empresa puede demandar a la Alcaldía para exigir y proteger sus derechos y garantías previstas en la Constitución Nacional, ya que esta siempre prevalece. En conclusión y a manera de aporte, existen varias defensas legales a esgrimir por la empresa multada para resultar victoriosa ante las conductas o hechos ilícitos cometidos por las alcaldías o aun las gobernaciones (Heurística del Derecho de Obligaciones). La técnica legal para interponer estos recursos y obtener decisión favorable es relevante en dichas situaciones.

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Ministerio Público investiga venta de inmuebles // Manuel Alfredro Rodriguez

Son numerosos los juicios penales que tramitan los fiscales asignados por el Ministerio Público para sustanciar e investigar las denuncias interpuestas ante este órgano penal. Expresamos a continuación algunos hechos noticiosos reseñados en los medios de comunicación social, que figuran como denominador común en estos expedientes.

Las estafas inmobiliarias en Venezuela cometidas de manera presunta por las empresas de la construcción en manos de sus directores o promotores han aumentado en fecha reciente. Las cifras muestran cómo sufren y se ven afectadas un porcentaje importante de la familia venezolana. El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso para Bienes y Servicios (Indepabis) tramita una gran variedad de denuncias por fraudes o engaños a compradores por padecer la alteración de los precios en las ventas ofrecidas y no respetadas.

Entre las medidas que ha ordenado la Fiscalía o Ministerio Público encontramos: allanamientos o visitas domiciliarias en las sedes sociales donde operan las empresas que han firmado contrato de opción de compra venta con personas que pagaron parte del precio de la venta acordado y que más tarde, de forma unilateral y sorpresiva, le alteran las condiciones para la adquisición del inmueble ofertado. La detención o privativa de libertad de los directores, gerentes, promotores o representantes miembros de las juntas directivas de las compañías incursas en el mercado inmobiliario. Luego estos son presentados ante los tribunales por la presunta comisión de los delitos de estafa o fraude, siendo algunos incluso, imputados por existir fundados elementos de convicción en su contra, al referirse a eventos particulares: apartamentos en construcción sin entregar en las fechas prometidas. O por el cobro abusivo de un ajuste en el precio de venta por la inflación y por retrasos en los pagos.

Los compradores víctimas de estafas o fraudes en la industria de la construcción deben saber cuáles son sus derechos. Lo recomendable es denunciar los hechos sustentados con la contratación suscrita. Esto implica la exhibición de las pruebas documentales y recibos de pago correspondientes. Como abogados litigantes en Venezuela precisamos que en la compra de viviendas a plazos o por opción (arras) y, entregado parte del precio de la venta con posterior incumplimiento del vendedor, hay que exigir soluciones concretas ante la autoridad (Ministerio Público, Fiscalía). Por último, aun cuando sean varias las víctimas cualquiera de ellas está facultada para interponer la denuncia penal, pedir que se abra la averiguación y se llamen a los responsables a rendir sus declaraciones ante el fiscal asignado. Este examinará las pruebas y acordará, de ser el caso, las medidas coercitivas respectivas ya anotadas.

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Protección del accionista minoritario // Manuel Alfredo Rodriguez

¿Qué puede hacer el socio con participación minoritaria que se ve en una situación de abuso? Muchas son las acciones judiciales que la ley venezolana prevé para la protección de sus derechos. A nivel constitucional existe el recurso de amparo, el cual es procedente cuando el resto de los accionistas mayoritarios administradores de la compañía han cometido violación o amenaza de violación de los derechos y garantías del socio reclamante consagradas en nuestra Carta Magna. En el recurso de amparo, se busca que el juez restablezca la situación jurídica infringida y ordene a la parte agraviante que cese en la violación de los derechos constitucionales del demandante: socio minoritario. Es importante saber que si el reclamante gana el recurso de amparo, podrá intentar de inmediato otro juicio. En esa oportunidad tendrá el derecho de pedir que el juez le conceda el pago de una indemnización económica por los daños y perjuicios sufridos por las conductas ofensivas proferidas por los demás socios de la compañía, administradores, gerentes o directores.

¿Cuál otra acción o demanda judicial podría intentar el accionista minoritario? Recomendamos al lector hacer uso de la auditoría legal (due diligence) de la situación particular. De seguidas presentamos varios ejemplos de dictámenes ajustados a derecho al evacuarse segunda opinión legal respecto a la anterior interrogante: la demanda de liquidación o terminación de la sociedad, en razón al principio de que nadie está obligado a permanecer en comunidad o fin de laaffectio societatis. Cuando el juez declara con lugar esta petición, de inmediato se ordena la respectiva partición y pago a cada uno de los demás socios copartícipes sobre todos los bienes y activos de la compañía. Nótese que el socio minoritario resultará vencedor, por cuanto alcanzó su objetivo, cual es la división y reparto de sus haberes en la empresa. El socio minoritario también tiene el derecho de reclamar y demandar a la sociedad para que ésta pague lo adeudado por sus prestaciones sociales y conceptos previstos en la Ley Orgánica del Trabajo. Por último, como abogados litigantes en Venezuela sostenemos que es permitida la demanda por responsabilidad civil o daños y perjuicios en contra de los accionistas o directivos abusadores.

En Venezuela, el socio que posee la minoría de la propiedad de las acciones en una empresa está protegido por la ley. El llamado accionista minoritario no debe resignarse a soportar las ofensas o arbitrariedades cometidas en su contra por el resto de los accionistas. Éstos últimos son, por lo general, los que ocupan altos cargos en la empresa: directores, gerentes, administradores, estatutarios legales, factores mercantiles, presidentes, entre otros.

En conclusión y a manera de aporte, hemos precisado las defensas legales disponibles del socio minoritario para proteger y blindar sus derechos ante los accionistas mayoritarios.

Abogado y Profesor UCV, UCAB y USM

Ministerio del abogado en Venezuela // Manuel Alfredo Rodriguez

Diversas denominaciones se observan acerca del tema in comento, a saber: decálogo del abogado o mandamientos a respetar en su ejercicio profesional, ministerio del abogado y por último, la moral y ética o deontología jurídica. Todas las anteriores son válidas a la hora de advertir que se trata del respeto a las normas y principios fundamentales que debe obedecer el abogado al brindar u ofrecer sus servicios a quienes lo requieran.


Por una parte, ya el maestro uruguayo y procesalista Eduardo Couture, autor del famoso Decálogo del Abogado (1950), dejaba escrito: "el Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando". Incluso, siglos atrás, San Ivo de Treguier (1253-1303), llamado "Patrono de los abogados", precisó: "Ningún abogado debe aceptar más querellas de las que su tiempo disponible le permita". Acerca de esta última afirmación, nos preguntamos: ¿qué pensar sobre funcionarios públicos que se ven abrumados de numerosos expedientes sin el tiempo necesario para sustanciarlos? Asimismo, el profesor Ángel Ossorio, sentenció en España (1930): "pon la moral por encima de las leyes".


Hemos sostenido que el abogado en Venezuela está obligado a acatar no solo las reglas éticas en la actividad diaria, también respetará el interés ajeno de su representado como interés personal, para aumentar el grado de diligencia en los casos que asuma. El abogado honesto es aquél que le enseña a su cliente el camino correcto, aunque éste no acepte el consejo y equivoque al decidir. En los tiempos que corren, algunos profesionales del Derecho subrayan que todo vale al momento de resolver un problema, siempre que la defensa de quienes han depositado su confianza en el abogado lo requiera y la moral lo permita.


No obstante, la ética, la razón y el derecho, persisten en constante conflicto. Son ejemplos precisos de lo anotado las soluciones jurídicas aportadas por los abogados expertos en Venezuela en los temas como: conflictos entre accionistas por los bienes de la sociedad y el reparto de las utilidades; la cobranza de deudas; el reclamo del pago de las prestaciones sociales del trabajador despedido; la inamovilidad laboral; la venta del inmueble bajo el contrato de opción de compra; auditorías o segunda opinión legal; protéjase o cúbrase patrimonialmente, la demanda por rendición de cuentas intentada por el socio minoritario en contra de los demás accionistas mayoritarios; y el pago de indemnización por accidentes laborales, aéreos, marítimos y de tránsito. Así, es importante al momento de exigir nuestros derechos, disponer de la adecuada asesoría legal mediante abogados especialistas en las diversas áreas a tratar.


Abogado y profesor UCV, UCAB y USM www.protejase.com.veasomivis@gmail.com

Cómo crear una franquicia rentable // Manuel Alfredo Rodriguez

Las franquicias son contratos redactados por una de las partes intervinientes: el que otorga o da la franquicia, llamado franquiciante. La ley que obliga y rige a las partes es ese contrato que suscriben al iniciar la relación (franchise experts lawyers, consultants). Mediante el contrato de franquicia, el franquiciado o quien compra la franquicia, adquiere el derecho de explotar o comercializar las marcas de comercio, patentes, derechos de autor u otros derechos intelectuales o industriales propiedad del franquiciante. En ese sentido es importante poseer los derechos de registro que otorga el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI).

Subrayamos que en Venezuela, el negocio de las franquicias está sometido a la voluntad de las personas que suscriben tales contratos y no, según se cree, a ley alguna. Significa que el contrato de franquicia establece los derechos y obligaciones del franquiciante y el franquiciado (Heurística del Derecho de Obligaciones). La persona que va a comprar o adquirir una franquicia en Venezuela debe conocer que el contrato de ésta es una sumatoria de diversos acuerdos, entre ellos: convenios de cláusulas de confidencialidad, pactos de distribución de mercancías o bienes y servicios, permisos y licencias de usos o marcas, de logotipos y lemas, pagos de royalty u otros.

El Código Civil venezolano prevé normas aplicables en materia de franquicias, no obstante, persisten las consagradas en la "Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia", es la Ley de Procompetencia. Sin embargo, hemos expresado que la persona interesada en vender, dar o ceder derechos en relación a su negocio a otros quienes van a trabajar bajo el sistema de la franquicia, debe buscar asesoría jurídica por abogados especialistas en esta área del derecho en Venezuela (franchise attorneys legal expert).

Al analizar las franquicias en Venezuela y las oportunidades de negocios (franchise and business opportunities) hay que respetar las reglas de oro en materia del derecho vigente. Una de ellas es estudiar los términos y condiciones del contrato de franquicia a regir entre las partes: franquiciante y franquiciado. Otra es el monto de la inversión y el tiempo mínimo necesario de espera para el retorno del capital comprometido. El estudio del mercado y la factibilidad de éxito del negocio rentable es consecuencia del know how del franquiciado. Todos los derechos de autor y marcas deben estar inscritos en el SAPI para que sea válida y eficaz la licencia o autorización del franquiciante. El derecho de exclusividad al explotar la franquicia es fundamental para obtener beneficios. Por último, se recomienda incluir el arbitraje en una cláusula especial, ello, para las disputas o conflictos entre los contratantes.

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Casinos, loterías, bingos e impuestos // Manuel Alfredo Rodriguez

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) es la autoridad competente para fiscalizar las actividades relacionadas con las casas de bingo, casinos, loterías y el pago de impuestos en Venezuela. Las empresas que exploten ese objeto social están obligadas a formalizar su registro en la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingos y Traganíqueles; además, deben estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones formales y el pago de las multas e impuestos recaídos en períodos fiscales de los años 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 y 2005, respectivamente.

Las casas de envite y azar o casas de juego dedicadas al bingo o casinos, en general, están sometidas a leyes especiales que las comprometen al pago de impuestos y, en caso de generarse un reparo administrativo, lo procedente en derecho es pagar primero y luego ejercer los recursos administrativos correspondientes (solve et repete). Los abogados en Venezuela dedicados a esta área del derecho tributario y fiscal se inclinan por resaltar la reciente jurisprudencia existente en nuestro país al momento de formalizar los reclamos respectivos.

Son más los casinos y bingos que funcionan de manera ilegal que los constituidos en forma legítima y atendiendo las normas. Así lo evidencian los medios de comunicación al reseñar los decomisos de máquinas y tarjetas electrónicas que al parecer operan en fragante violación a la ley. Otras empresas presentan el problema de tener sus documentos vencidos y no han procedido a solicitar su renovación ante la autoridad competente. Éstas mal podrían ejercer recursos administrativos o apelaciones por cobros indebidos de multas o reparos, por funcionar al margen de la ley. En la actualidad existen varias casas de bingo o casinos licenciatarias legales que están en plena actividad en virtud a un amparo constitucional emitido por el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2003 que ha permitido hasta la fecha, solventar de manera parcial dicha situación de conflicto entre el Estado y los particulares.

En nuestro carácter de abogados litigantes en asuntos relacionados con casas de bingo, casinos o traganíqueles, hemos notado que el inconveniente con mayor índice de recurrencia es que en los últimos meses se ha registrado el cierre de estas empresas sin procedimientos administrativos previos, lo que viola varios derechos y garantías de orden constitucional. Estos procesos administrativos vienen acompañados de medidas como allanamientos, con el decomiso de bienes e incluso, las detenciones de trabajadores. Cuando se violan los derechos y garantías constitucionales del ciudadano, es imperioso el ejercicio de las acciones legales para restablecer la situación jurídica infringida.

Abogado y Profesor UCV, UCAB y USM.