Viviendas Blindadas // Manuel Alfredo Rodríguez

Es posible evitar que el dueño de una casa la pierda por las cobranzas de deudas

Es posible evitar que el dueño de una casa la pierda por las cobranzas de deudas efectuadas por sus acreedores. Es la solicitud judicial llamada: constitución de hogar. Esto significa que el inmueble quedará protegido en favor del grupo familiar: cónyuges e hijos. El propietario de la vivienda gozará de este beneficio una vez que el Juez la declare como hogar constituido. Quien pretenda constituir hogar debe acudir con escrito ante el Juez asistido por su abogado. Con la referida petición presentará el título de propiedad y una certificación expedida por el Registro Inmobiliario que demuestre que no existe gravamen o deudas sobre el inmueble, Art. 637 del Código Civil venezolano.

Los esposos al dirigirse al tribunal explicarán que son los únicos propietarios de un inmueble integrado por una parcela de terreno y la casa sobre ella construida (o de ser el caso, un apartamento). Identificarán el bien señalando su ubicación, superficie y linderos, según se evidencia del documento de propiedad inscrito en la oficina de Registro Inmobiliario. Reiteramos, deben consignar en el Juzgado, la certificación de gravámenes expedida por el Registrador de fecha reciente. Este documento prueba que el inmueble está libre de gravámenes (por ejemplo, hipotecas), embargos y/o prohibiciones de ventas. De manera que es obligatorio entregar al tribunal de la causa una copia certificada del título de propiedad del inmueble y la constancia que acredite que este se encuentra bajo el régimen de vivienda principal. Otros recaudos a exhibir son: una copia certificada del acta de matrimonio de los interesados y de la partida de nacimiento de cada uno de los hijos; aunado al requerimiento expreso de que sea decretada la Constitución de Hogar, previo avalúo o justiprecio del inmueble (Art. 638 C.C.).

El tribunal vista la solicitud de Constitución de Hogar y los documentos acompañados, la admitirá. Acto seguido ordenará publicar por carteles la solicitud de los cónyuges en un periódico de circulación nacional, durante noventa días, una vez cada quince días. En cuanto al nombramiento del perito avaluador, podrá designar a un arquitecto a quien notificará para que acepte o no el cargo. Este profesional tiene la tarea de fijar el valor o precio del inmueble mediante conocimientos técnicos expresados en un peritaje.

Una vez verificados los trámites de publicación de los Carteles se dejará transcurrir el término concedido a las personas interesadas que pretendan algún derecho sobre el inmueble. No existiendo objeción alguna el sentenciador declara constituido en hogar el inmueble en provecho de los esposos y de los hijos de estos. En tal virtud, explica el Juzgado en su fallo, el inmueble en cuestión, queda excluido o separado del patrimonio conyugal. En otras palabras, el bien no podrá ser embargado, rematado o ejecutado por ningún tribunal, ya no es prenda común de los acreedores aunque las deudas consten en documento público o sentencia. Por último, el tribunal exigirá que la solicitud y la declaratoria se inscriban en el Registro Inmobiliario respectivo, y se publique en la prensa. En Venezuela es común observar en los tribunales, las referidas solicitudes de constitución de hogar. El objetivo es proteger la casa o apartamento (vivienda principal) de las demandas por deudas no cumplidas. Con lo explicado: se logra blindar la vivienda.

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Alquileres Bajos // Manuel Alfredo Rodríguez

La anacrónica legislación que rige la materia de inquilinato es la responsable de este fenómeno

La situación jurídica a analizar se presenta en aquellos inmuebles destinados a viviendas, cuya construcción data de más de medio siglo. En la actualidad, son ocupados por inquilinos que pagan rentas muy bajas. La mayoría de los habitantes de cada apartamento deposita los cánones de arrendamiento en los tribunales de la República. Así ha ocurrido por años. La edificación se encuentra en verdadero estado deplorable, vale precisar: la fachada, las "áreas comunes", servicios públicos (cableados de electricidad y teléfono), aguas negras y tuberías en general, evidencian ruina, colapso y peligro.

Al dueño del edificio no le ha sido posible llevar el inmueble al régimen de propiedad horizontal. La anacrónica legislación que rige la materia de inquilinato es la responsable de este fenómeno. Son diversos los recaudos y requisitos que deben cumplirse para la obtención del documento de condominio. Por otro lado, los inquilinos no manifiestan interés en invertir en el mantenimiento y buen uso del bien, por cuanto aducen que no les pertenece. ¿Quién es el perjudicado dada las circunstancias reseñadas? Sin lugar a dudas que el propietario del edificio. En efecto, corresponde a él pagar todos los gastos que genere la edificación y se niega a ello. ¿Cuáles son las razones por las que el dueño contraviene sus obligaciones? La respuesta se impone: la propiedad, además de haber dejado de producir ganancias, le acarrea pérdidas económicas. No sólo percibe alquileres irrisorios sino que debe pagar altos costos por la conservación del inmueble. Lo explicado conduce a que en el terreno de la realidad, el dueño abandone o no le interese el destino del edificio y, por tanto, de cada unidad que lo compone.

He aquí la oportunidad que tienen los inquilinos poseedores de cada apartamento para plantearle al dueño la voluntad de adquirir en propiedad el inmueble. Conforme a lo anotado es lógica, obligante y hasta persuasiva la conducta a asumir por el destinatario de dicha oferta de compra. De esta manera, los inquilinos dejan de ser "inquilinos", para convertirse en titulares de los derechos de propiedad habidos sobre el bien. Por supuesto, la tarea jurídica a desarrollar para el logro del objetivo trazado no es fácil.

Los abogados en Venezuela, al emitir segunda opinión legal, recomiendan al dueño del edificio que enajene la propiedad a una persona jurídica integrada por los ocupantes de los apartamentos. Pero ¿cómo fijar el precio de venta? Al respecto, el vendedor tiene que comprender que no es una venta al mejor postor, ni perseguirá un precio elevado. Por el contrario, quedará reservado a las partes alcanzar un arreglo provechoso. Para concretar: los adquirentes agrupados en una asociación civil dispondrán de un documento inscrito en la Oficina del Registro Inmobiliario Subalterno que acredite la propiedad del edificio en el activo de ésta. Más tarde, el ente social dará en venta cuotas de participación, mediante la autenticación del documento en presencia de fedatario público. En consecuencia, la cuota número uno será asignada en propiedad a quien habite el apartamento número uno, al pagar su precio. La cuota número dos se entrega por compra al poseedor del apartamento número dos, y así sucesivamente. Cada cuota de participación tiene un precio que va relacionado en atención al valor del apartamento en cuestión.

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Deudores Embargados // Manuel Alfredo Rodríguez

¿En cuáles casos se pueden embargar los bienes de un deudor?

Cuando la deuda es exigible y el deudor no paga, puede sufrir un embargo sobre sus bienes. Es la demanda por cobro de bolívares a ejercer por el acreedor ante los tribunales. El obligado responde con sus bienes habidos y por haber, artículo 1863 del Código Civil venezolano. El legislador no exige que se ponga en mora al incumplidor, léase, que se le llame a pagar; basta que llegue el día en que la obligación sea de plazo vencido.

Al respecto, nos preguntan: ¿Cuáles documentos se requieren para embargar los bienes del deudor? La Ley precisa los siguientes: facturas aceptadas, letras de cambio ("giros"), cheques, pagarés, recibos, documentos públicos y privados, donde repose la existencia de la obligación incumplida. ¿Qué mecanismo expedito se recomienda para la cobranza de deudas en Venezuela? Al emitir una segunda opinión legal, los abogados señalan el procedimiento de intimación con la solicitud de medida preventiva de embargo. ¿Cómo podría defenderse el sujeto que ha rechazado de forma reiterada reconocer la deuda en su contra? Las defensas, excepciones o negaciones al pago son válidas, pero supone que sean aducidas una vez practicado el embargo sobre los bienes del deudor. Por último, ¿es posible determinar los bienes que serán objeto del embargo judicial? Conforme a nuestra práctica profesional, se constata que la recuperación del crédito puede recaer en los haberes en cuentas bancarias, vehículos, lanchas, terrenos, quintas, apartamentos, acciones tenidas en sociedades mercantiles, entre otros activos o pertenencias del deudor.

Lo correcto es que el deudor cumpla u honre las obligaciones asumidas por él, en su oportunidad. Pero nada obsta a que una persona diligente acuda a la técnica del blindaje o cúbrase patrimonial, antes de constituirse en deudor. Significa que no es delito carecer de activos, vale decir, no disponer de bienes a nombre o título personal. De hecho, es legítimo que un inmueble sea parte del patrimonio de una sociedad mercantil o civil. Esta persona jurídica será representada, dirigida y administrada por una Junta Directiva integrada por la persona natural relacionada al bien en cuestión, junto a los familiares o socios de aquella.

Los detractores de la tesis esbozada esgrimen que para exclusivas materias del Derecho no aplica lo razonado. Sin ánimo de imponer soluciones en uno u otro parecer, reconocemos que en efecto, en el campo laboral, por ejemplo, la jurisprudencia patria otorga primacía a la denominada "unidad económica" en cuanto a las empresas involucradas en carácter de patronos. Asimismo, en lo que atañe al concepto del "levantamiento del velo corporativo" es traducido por la mayoría en el desconocimiento del manto protector objetivado en la persona jurídica, para así asignarle responsabilidad a los socios o directivos de la compañía. Fuera de las situaciones comentadas, es relevante concluir que las personas dedicadas al tráfico comercial según el régimen legal vigente, pueden disponer de sus bienes de forma libre, voluntaria y sin limitaciones. Es lícito alcanzar seguridad jurídica respecto a los bienes propiedad de la persona natural, siempre que se respeten los derechos de los terceros. Las condiciones fundamentales para lograr lo planteado son: pagar las deudas pendientes y no tener una prohibición de venta o hipoteca de bienes dictada por un Tribunal.

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Inquilinos Morosos // Manuel Alfredo Rodríguez

La única vía para ejercer el reclamo son los órganos de administración de justicia

Puede la Junta de Condomi-nio ordenar la suspensión de un servicio público (electricidad, agua u otro) por el estado de morosidad de un inquilino? ¿Qué acciones podría ejercer el arrendatario víctima de tal violación? En nuestra práctica profesional es frecuente observar decisiones adoptadas en asambleas de propietarios en ese sentido, debido al retraso en el pago de las cuotas de condominio. Acto seguido, al acudir el inquilino a solicitar información de lo sucedido, la Junta de Condominio esgrime que dicha actuación es legítima por haberse tomado con la mayoría absoluta de los residentes del edificio. Incluso, se le advierte al incumplidor que las próximas sanciones a imponer de persistir en el impago, son el corte del gas y la restricción del uso del ascensor.

El arrendatario contrató a un abogado, quien a través de un juez, practicó una inspección ocular para dejar constancia de los hechos. En efecto, el tribunal se trasladó al piso correspondiente del inmueble, y verificó que en las llaves de paso había un tapón que impedía la fluidez del agua. Además se demostró que en la cartelera del edificio fue colocada una comunicación dirigida a los copropietarios emanada de la Junta, donde se exhorta a los morosos que se adoptarán contra ellos similares medidas para que cumplan de inmediato con sus obligaciones. En respuesta, el abogado del inquilino interpuso acción de Amparo Constitucional. Explicó al tribunal que su representado, por no haber pagado a la fecha varias cuotas de condominio, fue lesionado por la conducta asumida por la Junta de Condominio. En base a ello, el inquilino solicitó al juez que se les ordene a los miembros de la Junta restablecer el servicio del agua al apartamento que ocupa. Asimismo, requirió que se condene a los demandados a pagar la totalidad de los gastos del juicio y los honorarios de abogados del demandante, aunado a una indemnización por los daños y perjuicios padecidos por el quejoso.

Por su parte, los integrantes de la Junta de Condominio, en su defensa, argumentan que ¿cómo es posible que el inquilino reclame derechos, si éste no ha cumplido con sus obligaciones?, que más bien es él quien ha causado severos daños a sus vecinos. Señalan en su descargo que por culpa del inquilino moroso, el resto de los copropietarios han sufrido el corte del servicio del agua en el edificio por la empresa que lo proporciona. El juez de la causa sentenció que nadie puede hacer justicia por sus propias manos, ya que para ello están los tribunales; que a un individuo le está vedado ordenar la suspensión del servicio del agua a un apartamento por morosidad en el pago de las cuotas de condominio.

Esta táctica muy arraigada en algunas juntas de Condominio, quizás por falta de asesoría legal, es contraria a Derecho por ser un atentado a la salud de los habitantes del inmueble. Si la Junta corta el servicio del agua, vulnera la dignidad, el honor y la reputación de éstos. La única vía para ejercer el reclamo son los órganos de administración de justicia. El tribunal sentenció a favor del inquilino moroso y ordenó a la Junta colocar de inmediato la llave de paso para el suministro del agua en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas. Así se decidió. Es de concluir que aun cuando el Derecho nos asista, debemos acudir a los tribunales para dirimir nuestros conflictos con los demás.

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Protéjase de Estafas // Manuel Alfredo Rodríguez

El objeto es recomendar la adopción de medidas para evitar o minimizar el riesgo patrimonial

El artículo 494 del Código de Comercio estatuye: "El que emita un cheque sin provisión de fondos y no proveyere al librado (léase al Banco) de los fondos necesarios antes de la presentación del cheque (alude al protesto en la Notaría Pública, en nuestro análisis) o que después de emitido éste, frustrara su pago, será penado por denuncia de parte interesada con prisión de uno a doce meses, siempre que no concurran las circunstancias previstas en el Código Penal para el delito de estafa".

Es importante hacer notar a quienes se dedican al tráfico mercantil rutinario, la continuación del texto normativo citado: "&El que haya recibido un cheque a sabiendas de que fue emitido sin provisión de fondos, no tendrá acción penal contra el librador y será castigado con multa hasta de un quinto del valor del cheque o arresto proporcional...". Esto significa que es cierto lo que con frecuencia se escucha decir de algunos empresarios avezados: no sólo comete delito quien emite el cheque sin provisión de fondos, también incurre en conducta delictiva la persona que recibe el cheque con el conocimiento de que para ese momento no había fondos en la cuenta corriente contra la cual se libra el instrumento. Sin embargo, subsisten las acciones civiles por cobro de bolívares derivadas del incumplimiento.

De lo anterior se constata asimismo, que constituye delito aquella conduc- ta observada de manera reiterada, la cual consiste en que después de emitido el cheque por el librador o titular de la cuenta bancaria éste se comunica con el banco respectivo, y le ordena suspender el pago de dicho documento. En los tribunales penales de la república abundan las denuncias en ese sentido, éstas, por lo general, terminan en sentencia condenatoria contra quienes incurren en esta práctica dolosa. Hay que recordar a título conclusivo, que en las situaciones referidas, bien aplica la conocida consagración legislativa: la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, artículo 2 del Código Civil venezolano.

Subrayamos a continuación ciertos "usos delictivos" identificados en nuestro ejercicio profesional. El objeto es recomendar la adopción de determinadas medidas elementales para así evitar o al menos, minimizar el riesgo patrimonial. Por ejemplo, el hecho de aceptar cheques como pago de la mercancía vendida al detal por comerciantes. Resulta que a pesar de la conformación del cheque al momento de la transacción mediante información al banco, ocurre que días más tarde, el cheque "rebota" o no es pagado por esa institución. Surgen las interrogantes: ¿qué sucedió?, ¿cómo se explica que habiendo fondos para cubrir el cheque no se logró hacer efectivo el cobro?, ¿quién incurrió en culpa, torpeza o en negligencia? Sostenemos que lo primero es lograr la prueba con el protesto del cheque para acreditar el motivo por el cual el banco lo rechazó en la cámara de compensación. En supuestos similares ventilados por los tribunales, se advierte el denominador común de señalar como la causa del impago: la firma defectuosa del librador. Nótese que se trata de un asunto subjetivo sometido a la apreciación del funcionario del banco, por lo que no recaerá responsabilidad alguna hacia el "estafador". Al dar segunda opinión legal, afirmamos: la prevención en el ejercicio de nuestros bienes, derechos e intereses, pareciera ser la solución al respecto.

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Patronos Arrestados // Manuel Alfredo Rodríguez

Si el multado no pagare la multa dentro del término fijado, será arrestado

Es posible que se produzca el arresto del patrono por no pagar la multa impuesta por la Inspectoría del Trabajo? La pregunta se formula a raíz de lo previsto en el artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo en su literal "g". Citamos: "El procedimiento para la aplicación de las sanciones estará sujeto a las normas siguientes& (omissis)& g) Si el multado no pagare la multa dentro del término que hubiere fijado el funcionario, éste se dirigirá de oficio al Juez de Municipio& del lugar de residencia del multado, para que dicha autoridad le imponga el arresto correspondiente. En todo caso, el multado podrá hacer cesar el arresto haciendo el pago...".

Ahora bien, en atención a la consagración legislativa indicada, nuestro más Alto Tribunal de Justicia, en Sala Constitucional, el siete de marzo de 2007, sentenció que la referida norma no guarda armonía con las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En efecto, el artículo mencionado en materia Laboral no prevé un procedimiento jurisdiccional que asegure el cumplimiento de las garantías constitucionales del patrono multado para luego proceder a privarlo de su libertad personal. Es de subrayar que el fundamento hecho valer en esta oportunidad es que el cambio o "conmutación" de la multa en arresto sería impuesta sin procedimiento judicial previo ni control de prueba alguna, lo que violaría el Derecho a la Defensa y el Debido Proceso de todo ciudadano. En consideración a lo expuesto, para no hacer nugatoria la facultad sancionadora de la Administración, el referido fallo estableció que en el caso de no pagarse la multa deberá respetarse la vía de la ejecución forzosa de los actos administrativos plasmada en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

La ejecución forzosa de los actos emanados por la Administración se lleva a cabo como sigue. Cuando se trate de actos de cumplimiento personal, y el obligado se resistiere a satisfacerlos, se le impondrán multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía. En consecuencia, ante el evento de que persista en el incumplimiento, será sancionado con nuevas multas iguales o mayores a las impuestas hasta ese momento; así, gozará de un plazo razonable a criterio de la Administración, para que cumpla la providencia. En conclusión, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ordenó desaplicar el literal "g" del artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo, por existir evidente colisión con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El arresto se impondría sin procedimiento previo, y ello configura violación del Derecho a la Defensa y el Debido Proceso en cuanto al patrono multado. En las circunstancias bajo estudio, se precisó que el Tribunal no puede imponer el arresto a que se refiere la norma, sino que el Inspector del Trabajo debe honrar el procedimiento de ejecución forzosa reseñado. Al verificarse el impago de la multa y posteriores sanciones, podrá hacerlas cumplir con el mecanismo de la ejecución de créditos fiscales determinado en el Código de Procedimiento Civil Venezolano.

Sostenemos que la misma argumentación jurídica rige sobre las pretensiones coercitivas o medidas privativas de libertad impuestas contra los patronos de empresas que se niegan a acatar el "reenganche" de los trabajadores amparados por el Decreto de Inamovilidad laboral.

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