Ética del abogado en Venezuela // Manuel Alfredo Rodriguez

La forma de ejercer la profesión de abogado en Venezuela ha cambiado. Basta con presenciar, cualquier día laborable del año, las largas y humillantes filas que se forman en la entrada de los tribunales en Caracas para probar esta afirmación. Y qué decir de otra realidad: hoy, inscribir una empresa o compañía en el Registro Mercantil es una tarea titánica. Hay que presentarse a las tres de la mañana para rogar que se le entregue al interesado un recibo y, luego, ser atendido horas más tarde. Con la desgracia latente de perder el día dado que al funcionario podría ocurrírsele exigir entre otros recaudos, por ejemplo, el título de bachiller de quien hace la gestión. Lo increíble es que no pasa nada, pareciera que el ciudadano común se ha resignado a la mediocridad de los servidores públicos. Los especialistas buenos y conocidos son ignorados.

¿Ante quién debemos ejercer la queja? Son muchos los organismos competentes encargados de velar para que esto no ocurra. También son innumerables las denuncias al respecto. No solo todo sigue igual, sino que con el tiempo constatamos que la crisis aumenta. En fecha reciente, conocimos, al brindar asesoría legal en Caracas, que los mejores y reputados bufetes o abogados han dejado de dar opinión jurídica a los bancos e institutos de crédito cuya voluntad es no acudir a los tribunales en búsqueda de justicia. Es inútil demandar a los deudores morosos en los juzgados, demoran años en sentenciar.

Hemos observado que los bancos renuncian a ir a los tribunales y a cambio le plantean al deudor que pague lo que pueda a fin de obtener la liberación hipotecaria del inmueble. El banco y sus expertos evitan un juicio y reciben dinero de inmediato. El deudor es exonerado a pagar el saldo restante y se extingue la deuda hipotecaria. Lo narrado no es saludable por cuanto será evidente la reducción de la asignación de los créditos hipotecarios en el porvenir. Como el ejemplo de los bancos, hay otros que conducen a verificar la falta absoluta de seguridad jurídica en Venezuela. Tienen razón los inversionistas extranjeros al abandonar el país por la carencia del Estado de Derecho.

El ejercicio de la profesión de abogado en Venezuela comprende ciencia y arte, aunque en estos días, se afirma, representa más arte que ciencia. El peligro está cuando el componente ciencia se ausenta en quienes, no muchos, administran e imparten justicia o desempeñan altos cargos en la función pública. Otros sostienen, que el abogado exitoso y más buscado es aquel que resuelve los conflictos de forma rápida y menos dispendiosa; sin "pisar los tribunales".

Consultor Jurídico USM



Fiscalía, CICPC y tribunales penales // Manuel Alfredo Rodriguez

¿Cómo proceder en el caso de sufrir una denuncia penal incoada en su contra? ¿Cuál es el costo y tiempo en la práctica profesional de un juicio criminal, laboral o mercantil? En la búsqueda de asesoría legal acertada, está centrada la obtención de resultados favorables. Muchos juicios resultan contrarios a los intereses del demandado debido a la errónea defensa.

Los abogados en Venezuela, al dar segunda opinión legal, recomiendan acudir al análisis de varias estrategias a la hora de demandar, presentar el escrito de descargos o de la defensa. Recomendamos ejercer el Derecho en forma preventiva, esto significa no llamar al abogado cuando ya se ha manifestado o desarrollado el problema. La experiencia de haber aportado consultas, servicios o gestiones legales en situaciones parecidas a las planteadas es determinante para alcanzar el triunfo.

La denuncia penal que ejerce una persona es un derecho y garantía constitucional. Cuando se denuncia a alguien por la presunta comisión de un delito penal y luego, la Fiscalía advierte que no hubo delito, no existe ningún tipo de responsabilidad para el denunciante. Mientras que si un sujeto acusa a otro, y más tarde la Fiscalía declara que no se incurrió en delito, sí podría haber responsabilidad que exigir al acusador. En la segunda eventualidad, es posible que el acusador se convierta en acusado por no haber demostrado los hechos criminales que fueron atribuidos otrora a un individuo en particular.

En Venezuela puede demandarse al deudor que no paga sus deudas u obligaciones. Es el juicio mercantil por cobro de bolívares. El tribunal recibe la demanda, decreta la admisión y bien podría aprobar la medida de embargo sobre los bienes propiedad del deudor. Las pruebas idóneas para alcanzar estos resultados son: las facturas aceptadas, las letras de cambio o giros, los cheques, pagarés y recibos firmados. Es importante conocer no solo los derechos y obligaciones del demandante, sino también las defensas del demandado. La quiebra declarada por el tribunal, por ejemplo, concede tiempo al deudor para organizar los pagos o la suspensión temporal de sus obligaciones. Por otra parte, el deudor puede proteger o blindar su patrimonio, esto se conoce con el nombre de: cúbrase patrimonialmente. Son las actuaciones jurídicas destinadas a la protección de la empresa deudora o de la persona natural que se trate. Es importante subrayar que la responsabilidad penal acarrea la posibilidad de que la persona condenada sea luego demandada por responsabilidad civil o indemnización de dinero.

Consultor Jurídico USM



Cobro de cheques devueltos // Manuel Alfredo Rodriguez

¿Qué puede hacer un comerciante cuando le devuelven un cheque por falta de fondos? Se trata de la conocida expresión: "rebotó el cheque". Lo primero que hay que saber es que quien emite un cheque sin fondos comete delito penal. En ese sentido, el acreedor o la persona que recibe el cheque debe actuar de inmediato si el cheque "rebota" o no es pagado.

En la situación esbozada hay dos caminos para obtener la solución del problema. Uno es agotar la vía de la cobranza de la deuda sin acudir a los tribunales (extrajudicial). Se incurrirá en los gastos de cobranza y se incluirán los intereses de mora, sin la indexación. Si fracasa este intento, devendrá el cobro judicial de ese instrumento de pago: el cheque. Es la demanda por cobro de bolívares. Una vez admitida la demanda por el tribunal de la causa, el juez puede decretar la medida de embargo sobre los bienes propiedad del deudor. El tribunal se constituye en el domicilio, residencia o lugar de trabajo de la persona que libró el cheque y trasladará los bienes muebles que reposen en ese lugar a la Depositaria Judicial. Allí permanecerán hasta que se produzca el remate al mejor postor, salvo que el deudor pague.

Otra acción que podría ejercer la persona víctima por haber recibido un cheque sin provisión de fondos: es la penal. El acreedor está legitimado en su condición de portador beneficiario del cheque sin fondos, para interponer una denuncia penal en contra del deudor. Reiteramos, la emisión de un cheque sin fondos es un delito en Venezuela, pero requiere que la víctima ejerza ante los tribunales penales la correspondiente denuncia, que correrá sin interrupción. Será el representante del Ministerio Público quien formalice la acusación penal.

En nuestro carácter de abogados en Caracas, Venezuela, al evacuar un dictamen en una auditoría legal solicitada, sostuvimos que la acción penal hecha valer a través de la denuncia por el delito de emisión de cheque sin fondos, debe ser incoada dentro del plazo que la Ley prevé para ello. Dicho plazo comienza a correr a partir de la fecha de emisión del cheque. Asimismo, el beneficiario del cheque devuelto deberá dejar constancia del impago mediante la certificación expedida por un funcionario autorizado para dar fe pública en Venezuela: Notario Público o Juez de la República. Estas son actuaciones que deben ser realizadas por abogados, previa solicitud de la víctima o parte interesada. Por último, si ya venció el plazo establecido por la Ley, se pierde el derecho para demandar por vía penal, mas no se pierde la vía civil (demanda por cobro de bolívares), ya que para ésta se dispone de diez años. La defensa penal en este tipo de juicios exige alta pericia de parte de los abogados litigantes. Recomendamos proteger o blindar los bienes: casas, apartamentos, cuentas bancarias u otros.

Abogado en ejercicio en Venezuela

Cómo Embargar a su Deudor // Manuel Alfredo Rodriguez

La situación patrimonial de toda persona está relacionada con su solvencia y capacidad de pago. Disponer de un excelente récord crediticio es el fundamento de la prosperidad de cualquier actividad lucrativa individual o colectiva. La intermediación bancaria depende de los créditos solicitados por los usuarios, pagados u honrados a tiempo. Sin embargo, existen quienes se atrasan en los pagos por diversos motivos. La morosidad o falta de pago, por lo general es atribuida a la grave situación económica que pareciera perpetuarse. Prueba de lo anotado son numerosas demandas judiciales incoadas por acreedores contra deudores insolventes. El deudor que no pague sus deudas se expone a que su acreedor lo demande y embargue sus bienes.

El mecanismo para hacer efectiva la recuperación de deudas es tener un crédito documentado. Se trata de un título jurídico válido en manos del acreedor: facturas aceptadas por el deudor, giros o letras de cambio, cheques, pagarés o recibos firmados. Cualquiera de los anteriores es suficiente para que el juez de la causa conceda el embargo sobre los bienes propiedad del deudor. Incluso, el tribunal podría acordar el congelamiento de cantidades de dinero habidas en las cuentas bancarias que se encuentran a nombre del deudor.

Las cuentas por cobrar, las cobranzas de deudas en Venezuela, las recuperaciones de créditos por cobrar, las demandas en contra de los deudores morosos, el embargo de bienes del deudor son diversas formas de denominar el tema bajo análisis. Lo cierto es que los bienes, derechos, intereses, servicios y acciones que conforman el patrimonio del deudor, son la garantía que tiene el acreedor para lograr el pago y demás obligaciones insolutas. En otras palabras, el acreedor tiene el derecho o potestad de hacer rematar ante los tribunales los bienes propiedad del deudor: vehículos, joyas, terrenos, casas y apartamentos.

La recomendación va dirigida a todos los acreedores que tengan créditos pendientes por cobrar, y consiste en efectuar un detenido estudio de la situación patrimonial del deudor. Esto debido a que si el deudor carece de bienes a su nombre, nada podrá hacer el acreedor en su contra. Y es que conforme al derecho de obligaciones, el deudor responde con sus bienes habidos y por haber, nunca con su persona. Los bienes del deudor garantizan el pago de la obligación. La ubicación del domicilio o lugar de trabajo del deudor aumenta la posibilidad de culminar con éxito las gestiones tendentes al cobro efectivo de las deudas o créditos. En algunos casos, la simple amenaza de embargo de los bienes del deudor ocasiona el pago.

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Legitimación de capitales // Manuel Alfredo Rodriguez

La legitimación de capitales en Venezuela está penada con cárcel. Así lo establece la Ley contra la Delincuencia Organizada. El delito se configura cuando la persona intenta esconder o disfrazar el origen de los fondos generados en una actividad ilícita, para hacer valer ante el tráfico comercial que su procedencia es una fuente lícita. En algunos países esta conducta criminal es tipificada bajo la denominación de lavado de dinero o blanqueo de capitales.

El artículo 4 de la mencionada ley estatuye: Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive de actividades ilícitas o de delitos graves, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.

En Venezuela se constata en los medios de comunicación que la cifra de lavado de dinero ha aumentado de forma progresiva en los últimos cinco años en comparación a los años anteriores. La Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) ha registrado nuevos casos sujetos a investigación. Las actividades que presentan alto riesgo en esta materia son: las promociones inmobiliarias, la industria de la construcción de viviendas, la compraventa de oro, de naves, aeronaves, vehículos y el préstamo de dinero. La protección del patrimonio con función preventiva constituye una de las fórmulas para salvaguardar los activos de las personas naturales y jurídicas. Los bienes que pueden ser objeto de blindaje patrimonial son: los inmuebles, cuentas bancarias, obras de arte, vehículos u otros. Para dar inicio a los actos o negocios jurídicos tendentes a lo expuesto, se exige que el interesado no posea deudas por pagar.

Meses atrás, los medios de comunicación han informado que la Fiscalía General de la República y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), allanó varias casas de bolsa en Caracas. Esto parece ser parte del proceso de investigación que se lleva en curso a raíz de presuntas irregularidades cometidas en el tráfico mercantil de títulos valores, dólares u otras divisas, en atención a lo tipificado en la Ley contra los Ilícitos Cambiarios. Es importante resaltar que la normativa penal aplicable prevé la presunción de inocencia no sólo como un derecho sino que representa, además, una garantía constitucional de los derechos humanos. Esto significa que todo investigado, y más aún imputado por manejo ilícito de dólares, tiene el derecho de conocer y rebatir los cargos que se le asignan en grado de responsabilidad.

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Mala praxis médica // Manuel Alfredo Rodriguez

El artículo 409 del Código Penal venezolano dispone: "El que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes e instrucciones, haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de seis meses a cinco años". Se trata del delito de homicidio culposo por negligencia médica o mala praxis médica.

La sentencia condenatoria se apoya en los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público a ser evacuados en el juicio oral y público dentro del proceso penal. A saber: las declaraciones de los testigos que presenciaron los hechos; los documentos referidos a informes médicos y experticias; la partida de nacimiento y el certificado de defunción de la víctima. Estas pruebas acreditan la comisión del hecho punible con la imposición de la pena.

Como dicta uno de los principios rectores del proceso penal, los imputados gozarán del derecho a ser juzgados en libertad a lo largo del juicio. En ese sentido, los abogados de la defensa solicitarán al Juez la medida cautelar sustitutiva a la privación de la libertad de los acusados, y este así podrá concederla. En otras palabras, los procesados no podrán salir del país y están obligados a cumplir reiteradas presentaciones periódicas ante el tribunal.

Otro aspecto a considerar por los familiares de las víctimas que sufren los daños ocasionados por la mala praxis médica, es que con la sentencia condenatoria surge la eventual demanda a incoar por indemnización económica en razón a los perjuicios morales. La persona causante de los daños responderá con sus bienes habidos y por haber. Los bienes susceptibles de ser ejecutados a favor de las víctimas son: congelamiento del dinero en cuentas bancarias; embargos sobre muebles en apartamentos o viviendas; y el remate judicial de inmuebles. Por último, en Venezuela es posible blindar o proteger los bienes personales o de las empresas (clínicas, por ejemplo) con función preventiva, vale decir, antes de haberse generado daño alguno a terceros. Aquellos que al ejercer su profesión generan alto riesgo se ven compelidos a conocer la técnica legal del cúbrase patrimonial.

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