Cómo Embargar a su Deudor // Manuel Alfredo Rodriguez

La situación patrimonial de toda persona está relacionada con su solvencia y capacidad de pago. Disponer de un excelente récord crediticio es el fundamento de la prosperidad de cualquier actividad lucrativa individual o colectiva. La intermediación bancaria depende de los créditos solicitados por los usuarios, pagados u honrados a tiempo. Sin embargo, existen quienes se atrasan en los pagos por diversos motivos. La morosidad o falta de pago, por lo general es atribuida a la grave situación económica que pareciera perpetuarse. Prueba de lo anotado son numerosas demandas judiciales incoadas por acreedores contra deudores insolventes. El deudor que no pague sus deudas se expone a que su acreedor lo demande y embargue sus bienes.

El mecanismo para hacer efectiva la recuperación de deudas es tener un crédito documentado. Se trata de un título jurídico válido en manos del acreedor: facturas aceptadas por el deudor, giros o letras de cambio, cheques, pagarés o recibos firmados. Cualquiera de los anteriores es suficiente para que el juez de la causa conceda el embargo sobre los bienes propiedad del deudor. Incluso, el tribunal podría acordar el congelamiento de cantidades de dinero habidas en las cuentas bancarias que se encuentran a nombre del deudor.

Las cuentas por cobrar, las cobranzas de deudas en Venezuela, las recuperaciones de créditos por cobrar, las demandas en contra de los deudores morosos, el embargo de bienes del deudor son diversas formas de denominar el tema bajo análisis. Lo cierto es que los bienes, derechos, intereses, servicios y acciones que conforman el patrimonio del deudor, son la garantía que tiene el acreedor para lograr el pago y demás obligaciones insolutas. En otras palabras, el acreedor tiene el derecho o potestad de hacer rematar ante los tribunales los bienes propiedad del deudor: vehículos, joyas, terrenos, casas y apartamentos.

La recomendación va dirigida a todos los acreedores que tengan créditos pendientes por cobrar, y consiste en efectuar un detenido estudio de la situación patrimonial del deudor. Esto debido a que si el deudor carece de bienes a su nombre, nada podrá hacer el acreedor en su contra. Y es que conforme al derecho de obligaciones, el deudor responde con sus bienes habidos y por haber, nunca con su persona. Los bienes del deudor garantizan el pago de la obligación. La ubicación del domicilio o lugar de trabajo del deudor aumenta la posibilidad de culminar con éxito las gestiones tendentes al cobro efectivo de las deudas o créditos. En algunos casos, la simple amenaza de embargo de los bienes del deudor ocasiona el pago.

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Legitimación de capitales // Manuel Alfredo Rodriguez

La legitimación de capitales en Venezuela está penada con cárcel. Así lo establece la Ley contra la Delincuencia Organizada. El delito se configura cuando la persona intenta esconder o disfrazar el origen de los fondos generados en una actividad ilícita, para hacer valer ante el tráfico comercial que su procedencia es una fuente lícita. En algunos países esta conducta criminal es tipificada bajo la denominación de lavado de dinero o blanqueo de capitales.

El artículo 4 de la mencionada ley estatuye: Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive de actividades ilícitas o de delitos graves, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.

En Venezuela se constata en los medios de comunicación que la cifra de lavado de dinero ha aumentado de forma progresiva en los últimos cinco años en comparación a los años anteriores. La Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) ha registrado nuevos casos sujetos a investigación. Las actividades que presentan alto riesgo en esta materia son: las promociones inmobiliarias, la industria de la construcción de viviendas, la compraventa de oro, de naves, aeronaves, vehículos y el préstamo de dinero. La protección del patrimonio con función preventiva constituye una de las fórmulas para salvaguardar los activos de las personas naturales y jurídicas. Los bienes que pueden ser objeto de blindaje patrimonial son: los inmuebles, cuentas bancarias, obras de arte, vehículos u otros. Para dar inicio a los actos o negocios jurídicos tendentes a lo expuesto, se exige que el interesado no posea deudas por pagar.

Meses atrás, los medios de comunicación han informado que la Fiscalía General de la República y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), allanó varias casas de bolsa en Caracas. Esto parece ser parte del proceso de investigación que se lleva en curso a raíz de presuntas irregularidades cometidas en el tráfico mercantil de títulos valores, dólares u otras divisas, en atención a lo tipificado en la Ley contra los Ilícitos Cambiarios. Es importante resaltar que la normativa penal aplicable prevé la presunción de inocencia no sólo como un derecho sino que representa, además, una garantía constitucional de los derechos humanos. Esto significa que todo investigado, y más aún imputado por manejo ilícito de dólares, tiene el derecho de conocer y rebatir los cargos que se le asignan en grado de responsabilidad.

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Mala praxis médica // Manuel Alfredo Rodriguez

El artículo 409 del Código Penal venezolano dispone: "El que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes e instrucciones, haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de seis meses a cinco años". Se trata del delito de homicidio culposo por negligencia médica o mala praxis médica.

La sentencia condenatoria se apoya en los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público a ser evacuados en el juicio oral y público dentro del proceso penal. A saber: las declaraciones de los testigos que presenciaron los hechos; los documentos referidos a informes médicos y experticias; la partida de nacimiento y el certificado de defunción de la víctima. Estas pruebas acreditan la comisión del hecho punible con la imposición de la pena.

Como dicta uno de los principios rectores del proceso penal, los imputados gozarán del derecho a ser juzgados en libertad a lo largo del juicio. En ese sentido, los abogados de la defensa solicitarán al Juez la medida cautelar sustitutiva a la privación de la libertad de los acusados, y este así podrá concederla. En otras palabras, los procesados no podrán salir del país y están obligados a cumplir reiteradas presentaciones periódicas ante el tribunal.

Otro aspecto a considerar por los familiares de las víctimas que sufren los daños ocasionados por la mala praxis médica, es que con la sentencia condenatoria surge la eventual demanda a incoar por indemnización económica en razón a los perjuicios morales. La persona causante de los daños responderá con sus bienes habidos y por haber. Los bienes susceptibles de ser ejecutados a favor de las víctimas son: congelamiento del dinero en cuentas bancarias; embargos sobre muebles en apartamentos o viviendas; y el remate judicial de inmuebles. Por último, en Venezuela es posible blindar o proteger los bienes personales o de las empresas (clínicas, por ejemplo) con función preventiva, vale decir, antes de haberse generado daño alguno a terceros. Aquellos que al ejercer su profesión generan alto riesgo se ven compelidos a conocer la técnica legal del cúbrase patrimonial.

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Demandado por su socio // Manuel Alfredo Rodriguez

¿Cuáles son los derechos del socio minoritario?, ¿qué puede hacer el accionista cuando los demás socios le aplican en su contra los efectos legales de un aumento de capital? Sostenemos que en Venezuela el accionista minoritario sí tiene defensas legales a esgrimir. Presentamos varios ejemplos de dictámenes evacuados en auditoría legal en situaciones patrocinadas en nuestro ejercicio profesional: el socio minoritario demanda la terminación y liquidación de la compañía, vale decir, pide la partición de los bienes de la sociedad y el pago a cada uno de los socios. La demanda por responsabilidad civil o de daños y perjuicios en contra de los demás socios que pretenden despojarlo de sus derechos. Incluso, se prevé la denuncia penal ante la Fiscalía o Ministerio Público por la presunta comisión de delitos cometidos por los socios mayoritarios en detrimento del patrimonio del socio minoritario.

Por otra parte, en segunda opinión legal, hay quienes hacen usos en estos casos del juicio o demanda de Rendición de Cuentas. Es la conocida frase cuando hay pelea entre socios y un socio le dice al otro: "demándalo por rendición de cuentas", "que te rinda cuentas". Son las demandas judiciales incoadas por el socio que se siente estafado por el otro accionista. Estas demandas ofrecen ventajas y beneficios, una de ellas es el nombramiento que efectúa el tribunal del denominado: "veedor o coadministrador" para que vigile a partir de esa fecha los actos o negocios jurídicos en la sociedad intervenida. En los juzgados con sede en el Área Judicial de Caracas es común constatar estos juicios. El socio minoritario en Venezuela si tiene derechos y protección legal.

Conforme a la ley venezolana, ningún socio está obligado a permanecer unido en la sociedad con el resto de los accionistas. Esto significa que el socio que discrepe de los demás accionistas puede demandar ante los tribunales la terminación y liquidación de la sociedad. También es costumbre observar en la práctica que ese mismo accionista ofrezca dar en venta sus acciones o manifieste comprar todas las acciones que representan el capital de la sociedad. Así, algunos precisan: "te vendo mis acciones o te compro todas tus acciones".

En las empresas o sociedades mercantiles existen diversos conflictos o disputas entre el accionista minoritario que se ve desmejorado en sus derechos en relación al socio mayoritario. Son las peleas entre socios. Los abogados en Venezuela en estas circunstancias recomiendan la compra y venta de acciones, la partición de los haberes o activos de la sociedad, o bien, la liquidación o terminación de la compañía. Los copropietarios deben ponerse de acuerdo en comprar o vender sus acciones entre ellos, o resultará la partición judicial al mejor postor.

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